El artículo 36 del RD 1055/2022 se centra en las actividades de inspección y control de los traslados de residuos en España. En esencia, establece que las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas son las responsables de llevar a cabo estas inspecciones, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de traslados de residuos.

Este artículo especifica que las inspecciones pueden realizarse en cualquier momento del traslado, desde el origen hasta el destino, y que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades y a proporcionar la información que se les requiera. Además, se establece que las autoridades competentes pueden adoptar medidas cautelares en caso de detectar irregularidades, como la inmovilización del envío o la suspensión del traslado.

Las inspecciones reguladas por el artículo 36 del RD 1055/2022 pueden afectar a cualquier persona física o jurídica involucrada en un traslado de residuos. Esto incluye:

• Productores de residuos: Empresas o individuos que generan los residuos.
• Poseedores de residuos: Aquellos que tienen los residuos en su poder, aunque no los hayan producido.
• Gestores de residuos: Empresas autorizadas para realizar operaciones de recogida, transporte, tratamiento, valorización o eliminación de residuos.
• Transportistas de residuos: Empresas que se dedican al transporte de residuos.
• Negociantes de residuos: Empresas que actúan como intermediarios en la compraventa de residuos.
• Agentes de residuos: Empresas que organizan la valorización o la eliminación de residuos por cuenta de terceros.

En resumen, cualquier actor que participe en la cadena de gestión de residuos puede ser objeto de una inspección para verificar el cumplimiento de la normativa.

Las inspecciones de traslados de residuos pueden llevarse a cabo de diversas formas, incluyendo:

• Inspecciones documentales: Revisión de la documentación asociada al traslado, como el documento de identificación, las autorizaciones de los gestores, los contratos de tratamiento, etc.
• Inspecciones visuales: Examen del estado de los residuos, su embalaje, etiquetado, etc.
• Inspecciones físicas: Toma de muestras de los residuos para su análisis en laboratorio.
• Inspecciones en carretera: Control de los vehículos que transportan residuos para verificar que cumplen con los requisitos de seguridad y que la documentación es correcta.
• Inspecciones en instalaciones: Visitas a las instalaciones de los gestores de residuos para comprobar que cumplen con las condiciones de la autorización y que las operaciones de tratamiento se realizan correctamente.

Las autoridades competentes pueden coordinarse con otras administraciones, como la Guardia Civil o la Policía Local, para llevar a cabo las inspecciones.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 36 del RD 1055/2022 puede acarrear diversas consecuencias, que van desde sanciones económicas hasta la suspensión de la actividad.

Las sanciones económicas pueden ser de diferente cuantía, dependiendo de la gravedad de la infracción. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden oscilar entre los 2.001 y los 3.500.000 de euros.

Además de las sanciones económicas, las autoridades competentes pueden adoptar otras medidas, como la clausura de instalaciones, la suspensión de autorizaciones o la inmovilización de envíos de residuos.

A continuación, te mostramos una tabla con los tipos de infracción y sus posibles sanciones económicas, según la Ley 7/2022:

| Infracción | | Infracciones Leves