Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

El Real Decreto 110/2015 transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE, estableciendo un marco normativo actualizado para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Su propósito principal es prevenir la generación de residuos, fomentar la preparación para la reutilización y mejorar la eficiencia en la recuperación de materias primas secundarias, alineándose con los principios de la economía circular.

La norma introduce mejoras institucionales y sustantivas, como la creación de una plataforma electrónica para la trazabilidad de los residuos y una oficina de asignación de recogidas. Asimismo, refuerza el principio de responsabilidad ampliada del productor, obligando a los fabricantes a financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos, y establece requisitos técnicos homogéneos para las instalaciones de tratamiento en todo el territorio nacional.

El ámbito de aplicación abarca todos los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) clasificados en las categorías definidas en el anexo III de la norma. Se aplica a productores, distribuidores, gestores de residuos y entidades locales. Quedan excluidos, entre otros, los equipos destinados a la seguridad nacional, aparatos espaciales, herramientas industriales fijas de gran envergadura, medios de transporte (salvo vehículos eléctricos de dos ruedas no homologados) y maquinaria móvil profesional no de carretera.

Las obligaciones se distribuyen entre los agentes implicados:

• Productores de AEE: Deben financiar la gestión de los residuos, inscribirse en el Registro Integrado Industrial y cumplir con los objetivos de recogida y valorización.
• Distribuidores: Deben recoger RAEE equivalentes al vender un aparato nuevo y, en el caso de grandes superficies (más de 400 m²), recoger RAEE muy pequeños sin necesidad de compra.
• Entidades Locales: Deben facilitar la recogida separada a través de puntos limpios o sistemas municipales.
• Gestores de residuos: Deben cumplir con requisitos técnicos específicos para el tratamiento y asegurar la trazabilidad mediante la plataforma electrónica.

El régimen sancionador se rige por lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, clasificando las infracciones en leves, graves y muy graves según la gravedad del impacto ambiental, la peligrosidad de los residuos y el beneficio obtenido por el infractor, pudiendo conllevar multas económicas y la revocación de autorizaciones.

El real decreto entró en vigor el 22 de febrero de 2015, al día siguiente de su publicación en el BOE. El ámbito de aplicación relativo a las nuevas categorías de AEE se hizo plenamente efectivo a partir del 15 de agosto de 2018, conforme a lo previsto en la disposición transitoria primera.

El texto completo puede consultarse en el portal oficial del Boletín Oficial del Estado a través del enlace: ^[1]. La norma se estructura en once capítulos, dieciocho anexos y diversas disposiciones transitorias que detallan desde las definiciones técnicas hasta el funcionamiento de la plataforma electrónica de gestión de RAEE.