Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

La Ley 22/2011 supuso una reforma integral del régimen jurídico de los residuos en España, adaptando el ordenamiento interno a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Su objetivo principal fue disociar el crecimiento económico de la generación de residuos, priorizando la prevención y la jerarquía en la gestión.

La norma introdujo conceptos clave como la distinción entre residuo y subproducto, el fin de la condición de residuo y la sistematización de la responsabilidad ampliada del productor. Asimismo, reforzó la coordinación administrativa mediante la creación de la Comisión de coordinación en materia de residuos y simplificó trámites administrativos al sustituir ciertas autorizaciones por comunicaciones previas.

La ley es de aplicación a todo tipo de residuos, salvo exclusiones específicas como emisiones a la atmósfera, residuos radiactivos, explosivos desclasificados, aguas residuales o subproductos animales regulados por normativa comunitaria específica. El ámbito material abarca la producción, posesión y gestión de residuos, así como la regulación de los suelos contaminados.

La ley impone diversas obligaciones a los agentes intervinientes:

• Productores y poseedores: Deben asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, ya sea por sí mismos o entregándolos a gestores autorizados, acreditando documentalmente las operaciones.
• Gestores: Deben cumplir requisitos de almacenamiento, suscripción de seguros o fianzas, y llevar un archivo cronológico de operaciones.
• Administraciones: Obligación de elaborar planes de gestión y programas de prevención de residuos, así como informes anuales de coyuntura.
• Sistemas de responsabilidad ampliada: Los productores de productos que generan residuos deben involucrarse en la organización de su gestión, pudiendo constituir sistemas individuales o colectivos.

El régimen sancionador tipifica las infracciones en leves, graves y muy graves, atendiendo a la gravedad de la conducta y el riesgo para la salud o el medio ambiente. Se introdujo la obligación de reparar los daños causados a los recursos naturales conforme a la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, y se amplió la potestad sancionadora de las Entidades Locales.

La ley entró en vigor el 30 de julio de 2011, al día siguiente de su publicación en el BOE. Estableció diversos plazos transitorios para la adecuación de ordenanzas locales, sistemas de responsabilidad ampliada y registros. Fue posteriormente derogada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El texto completo puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado a través del identificador ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22. La norma se estructura en siete títulos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y doce anexos técnicos.