Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular

La Ley 7/2022, de 8 de abril, tiene como objetivo principal establecer los principios de la economía circular en la legislación española en materia de residuos y suelos contaminados. Busca minimizar los efectos negativos de la generación y gestión de residuos en la salud humana y el medio ambiente, promoviendo un uso eficiente de los recursos y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio marino.

Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/851 ^[2], que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, y la Directiva (UE) 2019/904 ^[2], relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Introduce medidas para la prevención de residuos, el fomento de la reutilización y el reciclado, la responsabilidad ampliada del productor, y la reducción del consumo de plásticos de un solo uso.

Además, la ley revisa y clarifica aspectos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación, con el fin de avanzar en los principios de la economía circular y mejorar la gestión de residuos en todos los niveles.

La Ley 7/2022 se aplica a la gestión de todo tipo de residuos, incluyendo residuos domésticos, comerciales, industriales, de construcción y demolición, así como a los suelos contaminados en todo el territorio español. Afecta a productores iniciales de residuos, gestores de residuos, entidades locales, comunidades autónomas y al Estado.

En cuanto a los productos, la ley se centra especialmente en la reducción del impacto de los plásticos de un solo uso, estableciendo medidas específicas para su diseño, producción, consumo y gestión como residuo. También aborda la gestión de biorresiduos, aceites usados, residuos de construcción y demolición, y otros flujos de residuos específicos.

La ley también regula la responsabilidad ampliada del productor (RAP), estableciendo obligaciones para los productores de productos en relación con la gestión de los residuos generados por sus productos.

La Ley 7/2022 impone diversas obligaciones a los diferentes actores involucrados en la gestión de residuos:

• Productores iniciales de residuos: Gestionar adecuadamente sus residuos, almacenarlos, envasarlos y etiquetarlos correctamente, y asegurar su trazabilidad.
• Gestores de residuos: Obtener las autorizaciones necesarias para sus actividades, cumplir con los requisitos de almacenamiento y tratamiento de residuos, y garantizar la correcta gestión de los residuos que reciben.
• Productores de productos: Cumplir con las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor (RAP), incluyendo el diseño de productos más sostenibles, la financiación de la gestión de residuos, y la organización de sistemas de recogida y tratamiento de residuos.
• Entidades locales: Establecer tasas específicas para la gestión de residuos, implementar sistemas de recogida separada de residuos, y promover la prevención y el reciclado de residuos.
• Administraciones públicas: Elaborar planes y programas de gestión de residuos, establecer medidas e instrumentos económicos para fomentar la economía circular, y garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de residuos.

La Ley 7/2022 establece un régimen sancionador para las infracciones en materia de residuos, clasificándolas en leves, graves y muy graves. Las sanciones pueden incluir:

• Infracciones leves: Multas de hasta 2.000 euros.
• Infracciones graves: Multas desde 2.001 euros hasta 100.000 euros.
• Infracciones muy graves: Multas desde 100.001 euros hasta 3.500.000 euros.

Además de las multas, la ley prevé otras sanciones como la suspensión o revocación de autorizaciones, el cierre de instalaciones, y la obligación de reparar el daño causado al medio ambiente.

La Ley 7/2022 entró en vigor el 9 de abril de 2022, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado ^[1].

La ley establece un calendario de aplicación progresiva para algunas de sus disposiciones, como la obligatoriedad de la recogida separada de biorresiduos, textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. También prevé disposiciones transitorias para la adaptación de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor al nuevo régimen establecido en la ley.

El texto oficial de la Ley 7/2022, de 8 de abril, está disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ^[1].

La ley se estructura en un título preliminar, nueve títulos, disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias y disposiciones finales, así como varios anexos que detallan aspectos técnicos y definiciones.

El título preliminar establece las disposiciones y principios generales de la ley. Los títulos I a IX desarrollan los instrumentos de la política de residuos, la prevención de residuos, la producción, posesión y gestión de los residuos, la responsabilidad ampliada del productor, la reducción del impacto de determinados productos de plástico, la información, las medidas fiscales, los suelos contaminados y el régimen sancionador.