Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética

La Ley 7/2021 constituye el marco institucional y normativo para que España cumpla con los compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Su propósito principal es facilitar la descarbonización de la economía española, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible, eficiente y resiliente frente a los impactos del cambio climático.

La norma establece objetivos vinculantes de reducción de emisiones, penetración de energías renovables y eficiencia energética para 2030, con la meta final de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. Asimismo, articula la gobernanza climática mediante instrumentos como los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050.

La ley es de aplicación en todo el territorio nacional y vincula a las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) en el ejercicio de sus competencias. Afecta transversalmente a los sectores económicos, con especial incidencia en el sistema energético, el transporte, la edificación, el sector financiero y la gestión de recursos naturales.

Entre las obligaciones principales destacan:

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% para 2030 respecto a 1990.
• Alcanzar un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación renovable en 2030.
• Prohibición de nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, carbón y minerales radiactivos.
• Obligación para estaciones de servicio con alto volumen de ventas de instalar puntos de recarga eléctrica.
• Obligaciones de información financiera no financiera para empresas cotizadas y entidades de crédito sobre riesgos climáticos.
• Elaboración de planes de movilidad urbana sostenible en municipios de más de 50.000 habitantes.

El régimen sancionador se rige por la normativa sectorial aplicable y los principios generales del derecho administrativo, sin perjuicio de las infracciones específicas que puedan derivarse del incumplimiento de las obligaciones de reporte o de las autorizaciones administrativas reguladas en la norma.

La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 22 de mayo de 2021. Establece hitos temporales específicos, como la revisión de objetivos en 2023 y la meta de neutralidad climática para 2050.

El texto completo puede consultarse en el portal oficial del Boletín Oficial del Estado a través del identificador ELI ^[1]. La estructura se divide en un título preliminar y nueve títulos que abarcan desde los objetivos y planificación hasta la gobernanza y participación pública.