Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

La Ley 34/2007 constituye el marco jurídico básico en España para la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera. Su objetivo principal es prevenir, vigilar y reducir la contaminación atmosférica, minimizando los impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. La norma se fundamenta en los principios de cautela, acción preventiva, corrección en la fuente y el principio de 'quien contamina paga'.

La ley introduce un enfoque integral e integrador, abordando no solo la calidad del aire ambiente, sino también problemas globales como el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono. Asimismo, fomenta la corresponsabilidad entre las Administraciones públicas, los agentes económicos y la ciudadanía, promoviendo la integración de la protección atmosférica en las políticas sectoriales como el transporte o la energía.

El ámbito de aplicación de la ley abarca todas las fuentes de contaminantes relacionadas en su anexo I, ya sean de titularidad pública o privada, siempre que se trate de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (enumeradas en el anexo IV). Quedan excluidas de esta norma específica las materias reguladas por normativas propias, tales como ruidos y vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, contaminantes biológicos y las medidas de protección civil ante accidentes graves con sustancias peligrosas.

La ley impone diversas obligaciones según el tipo de actividad y administración:

• Titulares de instalaciones: Deben cumplir con los valores límite de emisión, realizar controles periódicos, adoptar medidas preventivas ante amenazas de daño y facilitar las labores de inspección. Aquellas actividades clasificadas en los grupos A y B del anexo IV están sujetas a un régimen de autorización administrativa previa.
• Administraciones Locales: Los municipios de más de 100.000 habitantes y las aglomeraciones tienen la obligación de disponer de redes de evaluación, informar a la población sobre la calidad del aire y elaborar planes de mejora.
• Administraciones Autonómicas: Son responsables de la evaluación de la calidad del aire, la zonificación del territorio, la adopción de planes de mejora y la potestad sancionadora.

El régimen sancionador se estructura bajo el principio de prevención y la reparación del daño. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a la gravedad del riesgo o daño causado a la salud o al medio ambiente. La ley habilita a las autoridades competentes para adoptar medidas provisionales inmediatas para cesar la actividad contaminante y establece la posibilidad de ejecución subsidiaria a costa del responsable en caso de amenaza inminente de daño.

La ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 17 de noviembre de 2007. Contiene disposiciones transitorias para las instalaciones existentes y faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario y la actualización periódica de sus anexos técnicos.

El texto consolidado de la norma puede consultarse en el portal oficial del Boletín Oficial del Estado a través del enlace: ^[1]. La ley se estructura en siete capítulos, incluyendo disposiciones generales, evaluación de la calidad del aire, control de emisiones, planificación, fomento, inspección y régimen sancionador, además de diversos anexos técnicos.