Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

La Ley 21/2013 constituye el marco jurídico básico en España para la evaluación ambiental, integrando en un único texto normativo el régimen aplicable tanto a planes y programas (evaluación ambiental estratégica) como a proyectos (evaluación de impacto ambiental). Su objetivo principal es asegurar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la integración de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas y la prevención de impactos negativos ^[1].

La norma responde a la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, reducir las cargas para los promotores y armonizar las exigencias en todo el territorio nacional. Para ello, establece un esquema procedimental común y define la naturaleza jurídica de los pronunciamientos ambientales como informes preceptivos y determinantes, evitando la dispersión normativa y mejorando la seguridad jurídica de los operadores económicos.

El ámbito de aplicación abarca todos los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ya sean de titularidad pública o privada. La ley distingue entre procedimientos ordinarios y simplificados, basándose en la magnitud de los impactos potenciales y la naturaleza de la actuación. Se excluyen expresamente de su ámbito los planes de defensa nacional, protección civil o de carácter financiero, así como proyectos aprobados específicamente por ley que cumplan con los objetivos de evaluación ambiental ^[1].

La ley impone obligaciones fundamentales a los promotores y administraciones:

• Someter a evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto incluido en su ámbito antes de su aprobación o autorización.
• Elaborar estudios ambientales (estratégicos o de impacto) con capacidad técnica suficiente.
• Realizar consultas obligatorias a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, al público interesado.
• Cumplir con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en los pronunciamientos ambientales.
• Garantizar la vigilancia y seguimiento de los impactos durante la ejecución y explotación del proyecto.

El régimen sancionador se articula en el Título III, estableciendo medidas para garantizar el cumplimiento de la norma. Incluye la posibilidad de adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento sancionador y regula la reparación e indemnización de daños medioambientales, en consonancia con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. La falta de evaluación ambiental conlleva la nulidad de los actos de aprobación o autorización de los planes, programas o proyectos afectados.

La ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 12 de diciembre de 2013. Se estableció un régimen transitorio de un año para que las comunidades autónomas adaptaran su normativa autonómica a las disposiciones básicas de esta ley, permitiendo que la legislación estatal se aplicara directamente en caso de no realizarse dicha adaptación en el plazo previsto.

El texto consolidado y la versión original pueden consultarse en el portal oficial del Boletín Oficial del Estado a través del identificador ELI https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21. La estructura de la ley se divide en tres títulos: el Título I (principios generales), el Título II (procedimientos de evaluación) y el Título III (seguimiento y régimen sancionador), complementados con seis anexos técnicos que detallan los proyectos sujetos a cada tipo de evaluación.