Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

La Ley 21/2013 constituye el marco jurídico básico en España para la evaluación ambiental, integrando en un único texto legal la evaluación ambiental estratégica de planes y programas y la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Su objetivo principal es asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico mediante la prevención, corrección y compensación de los impactos ambientales significativos ^[1].

La norma responde a la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y armonizar las exigencias en todo el territorio nacional, superando las disfunciones técnicas y la diversidad normativa previa. Introduce una terminología unificada y define los pronunciamientos ambientales como informes preceptivos y determinantes, reforzando la seguridad jurídica para los promotores y garantizando una protección ambiental elevada conforme a las directivas europeas ^[2].

La ley es de aplicación a todos los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ya sean de titularidad pública o privada. Se estructura en dos modalidades procedimentales: ordinaria y simplificada, dependiendo de la magnitud y naturaleza de los impactos previstos ^[1].

El ámbito material abarca sectores como la energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, recursos hídricos y ordenación del territorio, entre otros. Asimismo, incluye disposiciones específicas para proyectos que afecten a espacios de la Red Natura 2000 y establece mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

La ley impone las siguientes obligaciones principales:

• Someter a evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto incluido en su ámbito antes de su aprobación o autorización.
• Elaborar estudios ambientales (estratégicos o de impacto) por parte del promotor, realizados por personal con capacidad técnica suficiente.
• Integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones y seleccionar alternativas ambientalmente viables.
• Cumplir con los plazos máximos establecidos para la emisión de declaraciones e informes ambientales.
• Garantizar la participación pública y la consulta a las administraciones afectadas durante el procedimiento.

El título III de la ley regula el régimen sancionador, estableciendo medidas de carácter provisional y clarificando la responsabilidad por daños al medio ambiente. Las infracciones se tipifican en función de su gravedad, vinculándose a la falta de sometimiento al procedimiento de evaluación o al incumplimiento de las condiciones impuestas en las declaraciones de impacto ambiental, en consonancia con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2014, conforme a lo dispuesto en su disposición final décima. Se estableció un régimen transitorio de un año para que las comunidades autónomas adaptaran su normativa autonómica a las disposiciones básicas de la ley, permitiendo que, en caso de adaptación anticipada, la norma fuera aplicable antes de dicho plazo.

El texto consolidado de la norma puede consultarse a través del portal oficial del Boletín Oficial del Estado en la dirección https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21. La estructura del articulado se divide en tres títulos: el Título I (principios y disposiciones generales), el Título II (procedimientos de evaluación ambiental) y el Título III (seguimiento y régimen sancionador), complementado por seis anexos técnicos que detallan los proyectos sujetos a cada tipo de evaluación.